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Inmigración

España ha asumido una postura de liderazgo a la hora de vincular los fenómenos migratorios con el desarrollo, bajo la denominación de “co-desarrollo”. Pero la necesidad de controlar flujos de migración sigue amenazando con influir en la ayuda al desarrollo.

La migración es, cada vez más, un fenómeno importante a tener en cuenta en las oportunidades económicas de muchas de las personas del Sur. Si bien existe una liberalización cada vez mayor en los mercados financieros y el comercio, la movilidad laboral encuentra su fin en las fronteras de los continentes. El Gobierno español ha realizado una labor impecable en relación con el tema de las migraciones, a veces como reacción al fenómeno, con un interés reducido y una perspectiva a corto plazo a causa de los acontecimientos actuales; y otras, de forma más loable, con una perspectiva más estructural y de desarrollo a largo plazo.

Entre las iniciativas estructurales, merece la pena destacar la regularización de más de 700.000 inmigrantes indocumentados a comienzos de la legislatura. Era la primera vez que el Gobierno reconocía a bombo y platillo la realidad de España como país receptor de inmigrantes. El organismo público al cargo (la Secretaría de Estado para la Inmigración, o SEIE) había pasado de formar parte del Ministerio del Interior al de Trabajo y Asuntos Sociales, reflejando así un cambio de actitud, dejando atrás la idea de control en favor de la de integración. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, presentado en el mes de abril de 2007, establece estrategias y responsabilidades y prevé una inversión de 500 millones de euros al año en materia de integración.1 La SECI hace lo que puede para cooperar de forma activa con el SEIE. España se ha esforzado para conseguir un consenso internacional sobre las migraciones, organizando conferencias, como la Conferencia Euromediterránea sobre Migración celebrada en Rabat, el Encuentro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, y participando de manera activa en el marco de las Naciones Unidas y la Unión Europea.2 El Plan África, que es una declaración de intenciones whole of government, considera que la regulación de la migración es una sus principales misiones, aunque lo hace sin especificar los objetivos o los instrumentos necesarios.3 España afirma que ha influido de forma importante en la política europea sobre migraciones, y que ha sido tomada como ejemplo por otros Estados miembros a la hora de elaborar sus políticas.4

En áreas más directamente ligadas a la migración y el desarrollo, la SECI ha tomado el bastón de mando en relación con el “co-desarrollo” y la importancia de las remesas. El co-desarrollo es la participación activa de las comunidades inmigrantes, establecidas en los países ricos, en el desarrollo de sus países de origen. España ha liderado la estrategia de co-desarrollo dentro de la OCDE/CAD y ha fomentado una estrategia nacional, cuyo objetivo es armonizar las actividades de los actores municipales, regionales y estatales.5 Dentro de la Iniciativa Internacional contra el Hambre y la Pobreza, que incluye a Brasil, Chile, Francia, España y las Naciones Unidas, la SECI ha puesto sobre la mesa el tema de las remesas, y se está fijando en Senegal y Ecuador para elaborar los estudios de caso.6

Actividades como éstas tienen un enfoque a largo plazo y tratan de aportar respuestas estratégicas a la creciente inmigración, de buscar el consenso multilateral y de diseñar instrumentos que ayuden a favorecer la integración y la reducción de la pobreza en los países de origen, al tiempo que regulan el influjo de inmigrantes. Asimismo, chocan de frente con algunas de las políticas de reacción a corto plazo basadas en puros intereses, que han sido adoptadas por el Gobierno español. Como ejemplo, puede citarse el Plan África, al que hubiera convenido un mayor período de maduración, pero que vio la luz a toda prisa en junio de 2006, como respuesta a la presión política por abordar la crisis vivida en las fronteras de Ceuta y Melilla y la llegada de los cayucos a las Islas Canarias.7 España, alarmada por el efecto que ello podía tener en su industria turística, rechazó el impuesto aéreo propuesto por Francia como mecanismo alternativo de financiación dentro de la Alianza Internacional contra el Hambre y la Pobreza. Pero lo que más daño ha podido causar a la legitimidad y eficacia de la cooperación al desarrollo ha sido el trueque de Ayuda Oficial al Desarrollo por acuerdos de repatriación, sobre todo, con los países de África occidental. Las consideraciones relativas al desarrollo quedaron relegadas a un segundo plano cuando, por ejemplo, se concedieron más créditos FAD a Senegal.8